La noticia me dejó sorprendido y preocupado: Brasil ha decidido suspender la colaboración jurídica con Perú en los casos de Odebrecht. Según se ha informado, las autoridades brasileñas alegan que hemos utilizado pruebas que no deberían haber tenido validez en estos procesos. Esta decisión se toma en medio de una investigación compleja y de larga data, lo que genera inquietud sobre el futuro de la cooperación entre ambos países.
Personalmente, me pregunto si esta medida será realmente temporal, ya que la suspensión, solicitada por Novonor, podría abrir la puerta a mayores tensiones en la lucha contra la corrupción. A la vez, la exigencia de aclarar el uso de estas pruebas en un plazo de 90 días implica que las autoridades peruanas deben revisar todos los procedimientos y compromisos internacionales, algo que, en mi opinión, pone en entredicho la seriedad de algunos procesos judiciales.
Finalmente, este hecho me hace reflexionar sobre la importancia de mantener estándares rigurosos en el manejo de la evidencia y la transparencia en los acuerdos internacionales. Espero que este llamado de atención sirva para reforzar la integridad de nuestras instituciones y no se convierta en un factor divisivo entre dos países que comparten el objetivo de combatir la corrupción.