Este trágico suceso ha sacudido a la comunidad minera y al país entero. Trece trabajadores de seguridad de la Minera Poderosa fueron secuestrados el 25 de abril y, días después, sus cuerpos fueron hallados en un socavón, maniatados y con signos de tortura. La noticia ha desatado indignación y dolor entre sus familiares, quienes exigen justicia y mayor seguridad para quienes laboran en una zona cada vez más peligrosa. La Policía, tras un complicado operativo, logró rescatar los cuerpos, mientras la comunidad se encuentra conmocionada por el nivel de violencia que se ha desatado en Pataz.
Desde la empresa minera han responsabilizado a las autoridades por no enfrentar con firmeza la minería ilegal, que se ha convertido en un foco de violencia y crimen organizado en la región. En su comunicado, denunciaron que las medidas actuales han permitido que estos grupos operen sin restricciones, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores y habitantes de la zona. La falta de intervención policial en las bocaminas ilegales es otro tema que ha generado cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad del Gobierno.
A pesar de que Pataz está en estado de emergencia, las bandas criminales siguen actuando con impunidad. El alcalde Aldo Mariño criticó la falta de acción del Gobierno, señalando que hasta ahora no se han tomado medidas efectivas para frenar la inseguridad. La población, llena de miedo y desesperación, exige respuestas concretas, mientras los familiares de las víctimas claman por justicia en medio del dolor.